La Colaborativa, en colaboración con Lawyers for Civil Rights y el Brazilian Worker Center, ha presentado la primera demanda en el estado para detener la política inconstitucional e inhumana de la administración Trump que despoja de la ciudadanía a niños nacidos en Estados Unidos con padres inmigrantes.
“Durante más de 35 años, La Colaborativa ha protegido, elevado y luchado incansablemente por nuestra comunidad,” dijo Gladys Vega, Directora Ejecutiva de La Colaborativa. “Junto con nuestros aliados, estamos comprometidos a liderar un frente unido para contrarrestar esta grave violación de los derechos civiles por parte de la administración Trump. Nos mantenemos unidos para proteger los derechos y la seguridad de nuestras familias, sin importar de dónde provengan”.
Impulsada por una serie de acciones ejecutivas dañinas, La Colaborativa lidera la demanda en representación de mujeres embarazadas, familias trabajadoras y comunidades inmigrantes afectadas por esta política.
“La Colaborativa se niega a permitir que el gobierno federal cree un sistema de castas que deshumanice a los niños nacidos en Estados Unidos y a sus familias”, afirmó Dinanyili Paulino, Vicepresidenta de La Colaborativa. “A medida que las consecuencias de las elecciones afectan cada vez más a las familias trabajadoras, los niños y los inmigrantes, La Colaborativa seguirá siendo un pilar de nuestra comunidad, brindando recursos vitales a todos los residentes, sin importar su origen o estatus migratorio”.
Estas órdenes ejecutivas, emitidas solo horas después de la toma de posesión, han sido ampliamente condenadas como inconstitucionales, perjudiciales y una violación flagrante de los derechos humanos. Cabe destacar que esta serie de anuncios ha exacerbado los temores en las comunidades inmigrantes, que han enfrentado décadas de represión y desinversión.
“Sin duda, estas políticas están diseñadas para fomentar el miedo y la división”, declaró Alex Train, Director de Operaciones de La Colaborativa. “En este momento de oscuridad, debemos mantenernos vigilantes y unidos, con un compromiso inquebrantable de salvaguardar los derechos humanos a toda costa”.
La orden ejecutiva en cuestión niega a los niños nacidos en Estados Unidos sus derechos, protecciones y ciudadanía, generando miedo e incertidumbre en las comunidades inmigrantes. Los grupos de defensa argumentan que estas acciones no solo violan los principios constitucionales, sino que también causan un daño profundo a las familias, desestabilizan comunidades y erosionan la confianza en los sistemas públicos.